El fenómeno de evasión fiscal más grave según el SAT
El tráfico de comprobantes fiscales es el fenómeno de evasión fiscal más grave al cual se enfrenta la autoridad hacendaria en tiempos recientes, según lo confirma la OCDE mediante su Centro para la Política Fiscal y Administración, sobre todo ahora que estos esquemas se están profesionalizando cada día más, aprovechando los resquebrajos existentes en las legislaciones fiscales que voluntaria o involuntariamente se encuentran representados.
Sin embargo, las “listas negras y grises” que generalmente son publicadas mensualmente para poner en evidencia a los contribuyentes que realizan actividades ilícitas o son incumplidos, motivó a algunos a interponer quejas ante la PRODECON, argumentando que violaban sus derechos fundamentales de audiencia, debido proceso y a la protección de datos personales, ya que como puedes ver en la siguiente imagen, queda evidenciada y al alcance de cualquier persona, la situación fiscal de cualquier contribuyente en estos supuestos.
Al respecto el Administrador General de Auditoría Fiscal Federal del SAT, José Genaro Ernesto Luna Vargas, validó la publicación de la lista de contribuyentes que presuntamente simulan operaciones y emiten facturas falsas, y desestimó las quejas presentadas por los que alegaban ese tipo de violaciones, argumentando que, el propio artículo 69-B establece el procedimiento para que los contribuyentes notificados aclaren su situación ante la autoridad fiscal y aporten las pruebas que consideren necesarias para ello.
También se interpusieron 222 juicios de amparo en contra de esta nueva atribución del SAT para publicar los datos de empresas que se presume realizan operaciones simuladas, de los cuales hasta ahora 134 resultaron a favor de la autoridad fiscalizadora.
La anterior información publicada en “El Universal” da luz a que dicha facultad al menos en lo que respecta a estos derechos fundamentales se encuentra ajustada a derecho según el Poder Judicial Federal y por la propia Prodecon, ya que según estas autoridades, la prudencia constitucional se encuentra legítimamente desarrollada, porque se le otorga el derecho de ser oído y vencido previa la resolución administrativa, existe un proceso que detalla la serie de pasos, términos y estructura de prueba para desvirtuar la presunción.
Finalmente, lo que la autoridad fiscal pretende es acabar con las estrategias implementadas por muchos contribuyentes de disminuir la base gravable con comprobantes fiscales que amparan operaciones ficticias.
Desde luego esto conduce a que en su oportunidad puedan quedar atrapados en esta fiscalización contribuyentes que aun cuando si realizaron las operaciones amparadas en los comprobantes, no tengan elementos suficientes para demostrarlo y por lo mismo se van en la situación de pagar una contribución por algo que si debieron deducir pero que al no poder demostrarlo no se les permita.
Son estos casos últimos en los cuales debemos prestar mayor atención e implementar en su caso las acciones necesarias para que las operaciones llevadas a cabo en las empresas puedan demostrarse no solo con el comprobante fiscal recibido y con el pago efectuado, si no con otros documentos de uso interno.
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