La subcontratación dejó de ser un tema de registro. La STPS ya cuenta con un protocolo específico y detallado para inspeccionar el cumplimiento en materia de servicios especializados, y la subcontratación es uno de los ejes centrales de su programa de inspecciones vigente.

Lo que hace a esta inspección distinta —y más temida— es que es transversal: en una misma visita, la autoridad no solo verifica que tu REPSE esté en regla, sino que revisa las condiciones generales de trabajo, la seguridad y salud, y la capacitación.

Es decir, todas las materias de inspección juntas, en un solo acto. Y no actúa sola: la STPS, el IMSS, el SAT y el INFONAVIT ya cruzan información de forma sistemática. Aquí nadie mira desde la barrera. Si tu empresa presta servicios especializados, una inconsistencia puede costarte la cancelación de tu registro REPSE, el activo que te permite operar.

Y si tu empresa contrata o se beneficia de esos servicios, aunque no seas el patrón directo, eres corresponsable de las personas dentro de tu centro de trabajo: quedas expuesto a las mismas sanciones y, si la autoridad presume simulación, a perder la deducibilidad del gasto.

La inspección no distingue entre buena fe y desconocimiento; distingue entre lo que puedes comprobar y lo que no. El incumplimiento no se sanciona en un solo frente. En lo laboral, el artículo 1004-C de la Ley Federal del Trabajo prevé multas de 2,000 a 50,000 UMA —entre 234,620 y 5,865,500 pesos con la UMA vigente en 2026—, aplicables tanto a quien presta el servicio como a quien se beneficia de él, además de la cancelación del registro REPSE.

Y cuando la inspección detecta que la relación no puede comprobarse y presume simulación, la autoridad da vista al SAT de inmediato: ahí se pierde la deducibilidad y el acreditamiento de los pagos, y se expone la restricción de los sellos digitales, con el efecto directo que eso tiene sobre la operación del negocio.