Los pagos provisionales del ISR se calculan con base en utilidades y coeficientes del ejercicio inmediato anterior — o de alguno de los cinco anteriores en los que se haya determinado utilidad fiscal.

El problema es que esos parámetros raramente coinciden con la realidad del ejercicio en curso: disminución de ingresos, alza en costos y gastos, reducción de márgenes, cobranza tardía. Cuando esa diferencia es significativa, la empresa termina pagando provisionales sobre una utilidad que ya no existe — y destinando flujo de operación a impuestos que después se convertirán en saldo a favor pendiente de devolución o compensación.

El artículo 14, fracción II, último párrafo de la LISR contempla la solución: solicitar al SAT la autorización para disminuir los pagos provisionales a partir del segundo semestre del ejercicio.

Es una figura legal, documentada en ley, reglamento y RMF, que aligera la carga tributaria del ejercicio en curso y conserva la liquidez para capital de trabajo.

Sin embargo, es una figura que pocos contadores aplican. No por desconocimiento de su existencia, sino porque la solicitud exige presentar una proyección contable de ingresos y deducciones que debe sostenerse técnicamente ante el SAT — y porque las consecuencias de presentar pagos provisionales en cantidad menor a la que hubiera correspondido (si la autorización se niega o si los datos proyectados no se cumplen) son recargos y actualizaciones que agregan tensión a la ya de por sí analítica tarea del contador interno y del asesor externo por igual.

El resultado es que muchas empresas pagan más impuestos provisionales de los que la legislación les exige por simple temor a sostener un trámite que, correctamente fundamentado, es perfectamente defendible.